SINDICATOS DE EU PRESENTARÁN PRIMERA QUEJA LABORAL CONTRA MÉXICO BAJO EL T-MEC

Tomado de Milenio

La AFL-CIO, central obrera más grande de Estados Unidos, presentará a la Oficina de Comercio y Asuntos Laborales de Estados Unidos, en Washington, la primera denuncia laboral contra México bajo el nuevo tratado comercial T-MEC, informó el sindicato.

La petición de la AFL-CIO, que fue compartida con Reuters, establece que a los trabajadores de la planta de autopartes Tridonex en Matamoros, ubicada en la frontera con Texas, se les negó representación sindical independiente en violación del tratado, que sustituyó al TLCAN el año pasado.

Desde la entrada en vigor del TLCAN en 1994, que contaba con pocas herramientas para hacer cumplir las normas laborales, los salarios en México se estancaron y ahora se ubican como los más bajos entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

El TMEC fue diseñado para cambiar eso al dar más poder a los trabajadores para exigir mejores salarios, lo que también está destinado a evitar que los bajos costos laborales reduzcan más puestos de trabajo en Estados Unidos.

Reuters informó la semana pasada que cientos de trabajadores han buscado desde 2019 ser representados por una nueva organización sindical liderada por la activista y abogada Susana Prieto. Sin embargo, funcionarios laborales estatales nunca han sometido su solicitud a votación.

Prieto dijo que alrededor de 600 de sus adeptos en Tridonex fueron despedidos el año pasado, en lo que algunos trabajadores describieron como represalia por sus esfuerzos para cambiar de sindicato.

Bajo el “Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida” del TMEC, las empresas en México y Estados Unidos pueden enfrentar aranceles y otras sanciones por no garantizar los derechos de los trabajadores, como la libertad de asociación.

La petición de la AFL-CIO marca la primera vez que es puesto en práctica el componente para hacer valer las condiciones laborales dentro del tratado comercial TMEC. Empresas y activistas estarán muy atentos.

Funcionarios laborales mexicanos trabajarían luego con sus contrapartes estadounidenses para acordar los términos para corregir la situación. Todo el proceso, incluida una etapa final para determinar posibles sanciones y multas, debe resolverse en un plazo de cinco meses.

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